En un contexto donde el Congreso ha aprobado en días recientes varias iniciativas con alto impacto en el presupuesto público, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), advierte que estas medidas están debilitando la economía nacional. Entre las principales reformas destacan la aprobación de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo el régimen CAS, modificaciones en la caja Militar Policial y un significativo incremento en las pensiones de maestros jubilados, que pasarían de un promedio de S/ 800 a S/ 3,300.
Estas iniciativas, que ya cuentan con respaldo del Gobierno de José María Balcázar, representan un costo fiscal estimado en S/ 3,000 millones anuales solo para la gratificación y CTS a los CAS. A este monto se suman otros compromisos a mediano y largo plazo, como los S/ 3,800 millones por cambios en la caja Militar y Policial y S/ 5,600 millones por el aumento en pensiones docentes, según cálculos del presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura.
Velarde enfatiza que “estos proyectos no solo golpean al Tesoro Público, sino a todos” y alerta que su aprobación debe estar basada en análisis técnicos rigurosos, no en presiones populares o coyunturales. Añade que lo ideal sería que el Gobierno observe estas leyes en la medida de lo posible para evitar mayores desequilibrios.
El presidente del BCRP destaca que estas decisiones fiscales complican el panorama para el nuevo Gobierno, pues los recursos que se destinen a cumplir estas obligaciones saldrán del mismo presupuesto que debería financiar futuras políticas públicas y proyectos de inversión. En sus palabras: “Se está debilitando al país” y “estamos entrando con peor pie al nuevo Gobierno”.
Esta situación se suma a advertencias previas del Poder Ejecutivo y del Consejo Fiscal, que han señalado los riesgos de estas leyes para la sostenibilidad fiscal, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha reconocido que el Congreso no tiene iniciativa de gasto formal.
En suma, la reciente ola de proyectos aprobados en el Congreso incrementa la presión sobre las finanzas públicas y podría limitar la capacidad del Estado para mantener estabilidad macroeconómica y financiar otros compromisos prioritarios.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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