La Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano aprobó un dictamen que modifica la Ley General de Minería, introduciendo cambios significativos en la gestión de concesiones mineras. Entre las medidas destacan la incorporación de comunidades locales como accionistas y la caducidad acelerada de concesiones improductivas, con fuertes aumentos en los pagos por derechos de vigencia y penalidades.
Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el dictamen consolida propuestas de 12 proyectos de ley de diferentes bancadas. La iniciativa plantea incrementar los pagos por derechos de vigencia y establecer plazos estrictos para que las concesiones inicien producción, buscando evitar la especulación con terrenos mineros.
Hasta octubre de 2025, Perú contaba con 19,151 titulares mineros sobre 55,783 concesiones vigentes, que abarcan 20.4 millones de hectáreas. Sin embargo, solo el 2.14% de estas concesiones registran actividad minera, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente, los titulares pagan US$3 por hectárea al año como derecho de vigencia, más penalidades que incrementan gradualmente hasta el año 30, cuando la concesión se cancela si no hay producción.
El dictamen propone elevar progresivamente el derecho de vigencia hasta US$12 por hectárea para grandes titulares con más de 100,000 hectáreas, un aumento del 300%. Además, reduce el plazo para iniciar producción de 30 a 15 años y multiplica por cuatro las penalizaciones por no cumplir con la producción mínima, aplicando un 10% desde el año 10.
Expertos y gremios mineros han expresado su preocupación, advirtiendo que estas medidas podrían desalentar la inversión en minería formal y abrir una ventana para el crecimiento de la minería informal e ilegal. Por ello, plantean que este dictamen sea revisado por el próximo Congreso, para evitar decisiones apresuradas que afecten la competitividad del sector.
Esta reforma llega en un contexto donde el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal es diez veces menor que el asignado para otros ilícitos, lo que podría agravar el problema si se desincentivan las inversiones legales.
La propuesta ahora debe ser debatida en el Pleno del Congreso, donde se definirá su futuro y el impacto que tendrá sobre uno de los sectores estratégicos para la economía peruana.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
