En el sector salud, la publicidad y la información que se brinda a los pacientes están sujetas a un régimen legal mucho más riguroso que en otros mercados. Este nivel de exigencia responde al riesgo que implica para la vida y la integridad física de las personas, lo que obliga a las clínicas a cumplir con un estándar elevado de transparencia.
El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571) establece que los productos y servicios de salud se regulan principalmente por la Ley General de Salud (Ley N.° 26842), aplicándose el Código de manera complementaria. Como señala Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados, “en salud, la información no es un atributo más de la prestación, es un componente constitutivo de ella”.
Las clínicas están obligadas a proporcionar información detallada y completa sobre diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, riesgos y contraindicaciones, superando ampliamente los requisitos informativos comunes en sectores como el retail o los servicios financieros. Además, existe una marcada asimetría en el conocimiento técnico entre el paciente y el proveedor, lo que justifica una protección reforzada.
Un pilar fundamental es el consentimiento informado, que según la Ley General de Salud debe recogerse antes de cualquier tratamiento médico. Este consentimiento debe incluir una explicación clara y anticipada de los riesgos, efectos adversos y beneficios del procedimiento, así como las alternativas disponibles.
La obligación informativa no solo abarca aspectos clínicos, sino también detalles económicos y administrativos, como costos, horarios y profesionales involucrados. Shimabukuro enfatiza que “esto no es un trámite: es parte de la prestación misma”.
Respecto a la publicidad, aunque Perú no cuenta con una ley específica para la publicidad sanitaria, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) supervisa el sector bajo el marco del Decreto Legislativo N.° 1044, garantizando que la información difundida cumpla con criterios de veracidad y no ponga en riesgo a los pacientes.
Este marco regulatorio más estricto busca proteger la reputación de las clínicas y salvaguardar los derechos de los consumidores, dado que cualquier infracción puede tener consecuencias legales y afectar la confianza pública en los servicios de salud.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
