Para inversionistas y analistas, entender la ausencia de consecuencias legales en las promesas electorales peruanas es clave para evaluar riesgos políticos y sus posibles impactos en políticas económicas.
En el marco de las elecciones 2026, se observa que doce partidos mayoritariamente ofrecen propuestas populistas, como bonos y aumentos salariales. Sin embargo, la legislación peruana no establece límites ni sanciones jurídicas directas para las promesas hechas en campaña. Así lo explica Carlos Caro, abogado y CEO del estudio Caro & Asociados: “El candidato puede proponer cualquier cosa y no hay una consecuencia penal tampoco administrativa por incumplir lo que se ha ofrecido en un plan de gobierno”.
Este vacío legal implica que las ofertas electorales funcionan más como declaraciones de intención que compromisos vinculantes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promueve declaraciones éticas para orientar a los candidatos, pero estas carecen de fuerza legal y no generan castigos ante incumplimientos.
Una vez en el poder, el control sobre el cumplimiento de las promesas recae en mecanismos políticos y no legales. El Congreso puede negar el voto de confianza al gabinete o censurar ministros si las acciones del Ejecutivo divergen de lo planteado en campaña. En casos excepcionales, se podría plantear la incapacidad moral permanente, aunque es una figura poco frecuente.
Además, la normativa electoral obliga a los partidos a presentar planes de gobierno como requisito formal para participar en las elecciones, pero estos planes no garantizan cumplimiento ni sanciones en caso de incumplimiento.
Para el público general, esto significa que los candidatos pueden ofrecer bonos, beneficios sociales o aumentos salariales que pueden no materializarse sin que enfrenten consecuencias legales. La responsabilidad recae principalmente en el control político y la vigilancia ciudadana.
En resumen, las promesas de campaña en Perú son instrumentos estratégicos para captar votos, pero la falta de mecanismos legales para exigir su cumplimiento genera incertidumbre en la previsión de políticas públicas y estabilidad económica.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
