La reciente crisis energética en Perú, provocada por la rotura de un ducto de gas natural de Camisea, ha generado un fuerte llamado de atención por parte del presidente José Balcázar hacia la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP). El mandatario insistió en que la compañía debe asumir las pérdidas derivadas de esta emergencia, enfatizando una aparente falta de previsión en la infraestructura crítica.
Balcázar explicó que el Estado tuvo que intervenir con recursos propios, incluyendo el uso de helicópteros, para facilitar el traslado de tuberías y realizar reparaciones en zonas de difícil acceso. Este esfuerzo logístico fue necesario debido a que la infraestructura crítica se concentró en un único ducto, que falló, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema gasífero nacional.
En contraste, el presidente señaló que países vecinos, como Chile, cuentan con múltiples ductos para el transporte de gas, lo que reduce riesgos de interrupciones. “Hay que pensar en el futuro cómo se desarrollan este tipo de obras”, afirmó Balcázar, subrayando la necesidad de diversificar y robustecer la infraestructura energética peruana.
El impacto de la crisis se reflejó en el aumento de los precios del gas y otros combustibles, un efecto que el Gobierno está monitoreando de cerca. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa la posible reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para mitigar la volatilidad y proteger a los consumidores. Sin embargo, el presidente aclaró que aún no se ha definido ninguna medida concreta, aunque se espera una decisión en el corto plazo.
En materia de política energética, Balcázar descartó la privatización de Petroperú. En cambio, anunció que el Gobierno inyectará recursos para cubrir las deudas de la empresa estatal y fortalecer su posición en el mercado. Esta decisión cuenta con el respaldo del gabinete y los sindicatos del sector, y busca estabilizar el sector energético nacional y reducir el impacto económico en los usuarios.
Este episodio pone en evidencia los riesgos asociados a la concentración de infraestructura crítica en un solo operador y la necesidad de una planificación estratégica para garantizar la seguridad energética del país.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original
