En Perú, la discusión sobre el rol del Estado en la economía vuelve a tomar fuerza con nueve partidos políticos que plantean expandir la presencia empresarial estatal, a pesar de los antecedentes financieros adversos que han marcado a las empresas públicas.
Entre las propuestas más relevantes destaca la nacionalización de Telefónica del Perú (Integratel) por parte del partido Venceremos, con la intención de crear una nueva empresa pública llamada TelPerú. Además, Perú Libre busca eliminar restricciones constitucionales para permitir una mayor intervención estatal en sectores estratégicos, mientras que Juntos por el Perú aboga por reformar la Constitución para recuperar soberanía sobre recursos naturales.
Estas iniciativas desafían el artículo 60 de la Constitución peruana, que limita la actividad empresarial del Estado a situaciones de alto interés público o cuando el sector privado no satisfaga ciertas necesidades.
Otros partidos como el Partido Patriótico del Perú proponen establecer empresas públicas en transporte aéreo, ferroviario y marítimo. Perú Moderno se enfoca en sectores como la explotación de litio y petroquímica, especialmente en áreas donde la inversión privada no llega.
En el sector financiero, varios partidos planean crear bancos estatales especializados para apoyar a pequeñas y medianas empresas (mypes). Primero La Gente y Partido Unido Perú apuntan a bancos orientados a pymes y agricultura, mientras que Podemos Perú plantea un Banco de Desarrollo con créditos accesibles para este segmento.
El Frente de la Esperanza propone crear una Droguería Nacional y un Laboratorio Farmacéutico Nacional para la producción e importación directa de insumos médicos.
Sin embargo, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), basado en datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señala que las empresas públicas han generado pérdidas equivalentes a 1.5% del PBI en la última década, un dato que alerta sobre el impacto fiscal de estas propuestas.
Para inversionistas y analistas, la expansión estatal en sectores empresariales representa un riesgo para la estabilidad fiscal y la confianza del mercado, dado el historial de resultados negativos y la incertidumbre financiera actual de entidades como Petroperú.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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