El Congreso peruano dio un paso decisivo para reformar la Ley General de Minería, aprobando en Comisión de Energía y Minas un proyecto que reduce de 30 a 15 años el plazo para declarar la caducidad definitiva de concesiones mineras sin actividad productiva. Esta medida busca fortalecer el régimen de concesiones y combatir la proliferación de concesiones ociosas.
Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el dictamen establece que los titulares de concesiones deben demostrar ante la autoridad minera, al cumplir 10 años desde la adjudicación, que han alcanzado una producción mínima anual por hectárea y una inversión mínima. En caso de incumplimiento, podrán solicitar una prórroga de cinco años, pero con penalidad económica.
Si al cumplirse 15 años no se acredita la actividad exigida, la autoridad declarará la caducidad previa notificación y otorgando un plazo máximo de 12 meses para subsanación. Este cambio representa un endurecimiento respecto a la normativa vigente, que permite hasta 30 años para iniciar operaciones.
El dictamen recoge dos posturas claras: por un lado, la necesidad técnica de controlar el crecimiento de concesiones inactivas y optimizar el uso de recursos mineros; por otro lado, la preocupación de sectores empresariales y del Ministerio de Energía y Minas sobre posibles efectos negativos en la inversión y competitividad del sector.
El proyecto aún debe ser debatido y aprobado por el pleno del Congreso, para luego pasar al Poder Ejecutivo, que decidirá su promulgación o observación.
Esta reforma se enmarca en un contexto de creciente atención a la eficiencia en la explotación minera en Perú, uno de los países con mayor potencial en recursos minerales, y busca equilibrar la promoción de inversiones con la prevención de especulación sobre concesiones mineras.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
