En el contexto de las elecciones presidenciales del 12 de abril en Perú, un análisis detallado de más de 30 planes de gobierno revela que ocho candidatos promueven modificaciones normativas que podrían facilitar el avance de la minería ilegal en el país. Este fenómeno ocurre en un escenario donde los precios del oro y el cobre, principales exportaciones mineras peruanas, alcanzan niveles récord, aumentando el interés en concesiones mineras.
Las concesiones mineras ocupan aproximadamente 20.4 millones de hectáreas, equivalente al 17% del territorio nacional, con 55,783 concesiones vigentes a octubre de 2025 y 19,151 titulares mineros. La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un dictamen para reducir los plazos de caducidad de concesiones y aumentar sus costos, buscando atraer inversiones formales.
Sin embargo, la revisión de los planes de gobierno muestra que mientras 17 candidatos plantean iniciativas para modernizar la Ley General de Minería —como establecer plazos obligatorios para exploración y producción, revisar la superposición de concesiones y ofrecer incentivos fiscales temporales—, ocho candidatos proponen cambios que podrían desincentivar la inversión formal y, por ende, facilitar la expansión de la minería ilegal.
Entre las propuestas preocupantes se encuentran las de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, entre otros, que sugieren reformas al régimen de concesiones que afectarían negativamente la percepción del país como destino de inversión minera formal. Esto podría traducirse en un debilitamiento del control estatal sobre estas actividades y un aumento de la minería ilegal, que actualmente avanza con poca resistencia gubernamental.
Este análisis evidencia la complejidad del sector minero peruano y los riesgos asociados a posibles cambios regulatorios en un momento clave para la economía y la política nacional.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
