Para inversionistas y analistas, la gestión eficiente de los procedimientos tributarios es clave. Recientemente, el Tribunal Fiscal peruano confirmó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puede suspender el plazo de una fiscalización cuando espera información de terceros, incluso si esto extiende la duración del proceso más allá del plazo previsto inicialmente.
Esta resolución surge tras una queja de un contribuyente cuyo procedimiento de revisión de rentas del ejercicio 2022 fue suspendido por la Sunat mientras cruzaba información con proveedores y otras entidades. El contribuyente argumentó que esta espera genera incertidumbre y afecta su derecho de defensa, ya que depende de respuestas ajenas a su control.
Sin embargo, el Tribunal Fiscal concluyó que esta suspensión está amparada en el Código Tributario, que permite detener el cómputo del plazo cuando la administración solicita datos a entidades públicas o privadas y estos no han sido entregados. Por lo tanto, no se vulneran los derechos del contribuyente ni el debido procedimiento.
Expertos en derecho tributario, como Jorge Dávila Carbajal de Rubio Leguía Normand, señalan que el procedimiento de fiscalización tiene un plazo máximo de un año, ampliable bajo ciertas condiciones. La suspensión por espera de información no reinicia el conteo, sino que detiene temporalmente el plazo, permitiendo a la Sunat realizar los cruces necesarios para verificar la información declarada.
Esta práctica, aunque legítima, ha generado debate sobre la falta de un límite temporal claro para estas suspensiones, lo que podría extender indefinidamente los procedimientos y afectar la certeza jurídica para los contribuyentes y actores del mercado.
Para ejecutivos y analistas, esta decisión subraya la importancia de considerar la posibilidad de extensiones en los procesos fiscales y su impacto en la planificación financiera y cumplimiento tributario.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
