La disputa judicial por la mina Cobriza, adquirida por Operadores Concentrados Peruanos (OCP) tras la liquidación de Doe Run Perú, sigue sin resolverse casi cuatro años después del cambio de control. Un laudo arbitral emitido en julio de 2023 reconoce una deuda superior a US$30 millones a favor de Depósitos Químicos Mineros (DQM), pero su ejecución permanece bloqueada.
El tribunal arbitral determinó que Doe Run incumplió pagos relacionados con el almacenamiento de ácido sulfúrico en la refinería de La Oroya. Además de reconocer la deuda, que con intereses y penalidades supera los US$35 millones, se ordenaron embargos para retener US$16 millones de pagos vinculados a la operación minera y una retención equivalente sobre fondos del fideicomiso, medida que debía acatar el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Sin embargo, tanto OCP como el Minem se negaron a cumplir con estas órdenes. De acuerdo con Adrián Simons, abogado de DQM, OCP no aplicó las retenciones y transfirió alrededor de US$20 millones al liquidador de Doe Run en ese momento, Alta Sierra, cuyo destino aún no ha sido aclarado. Trabajadores que esperaban pagos laborales denuncian no haber recibido estos fondos, y solicitan explicaciones.
El incumplimiento ha derivado en un proceso judicial donde un amparo presentado por OCP suspendió la ejecución del laudo. Simons calificó este recurso como irregular, dado que un amparo no debería detener la ejecución de un laudo con calidad de cosa juzgada. La apelación a esta medida cautelar está pendiente en la Corte Suprema.
Este caso refleja un problema estructural: la falta de garantías para inversionistas de que las decisiones jurisdiccionales se acaten plenamente, tanto por parte del Estado como de privados. Paralelamente, Indecopi ha iniciado una investigación por posibles irregularidades durante la liquidación de Doe Run Perú.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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