El Congreso de la República evalúa una ley que prohibiría el despido de trabajadores estatales cuando sus entidades se extingan, fusionen o reorganicen. La Comisión de Descentralización aprobó el dictamen el 31 de marzo, sumándose a una propuesta similar de la Comisión de Trabajo del año pasado. El proyecto ahora espera su votación en el pleno.
La iniciativa establece que el cese solo podrá darse por causas justificadas y comprobadas mediante procedimientos disciplinarios, prohibiendo despidos exclusivamente motivados por cambios estructurales en las entidades públicas. Además, plantea que los servidores afectados sean reasignados o reubicados en las entidades que asuman las funciones del organismo original, manteniendo sus condiciones laborales.
Este alcance transversal abarca diversos regímenes laborales públicos, incluso los decretos legislativos 276, 728 y 1057, así como la Ley 30057, siempre que el vínculo laboral esté vigente al inicio de los procesos estructurales.
Expertos en derecho laboral y gestión pública han expresado reservas. Ricardo Herrera, abogado del Estudio Muñiz, señala que esta reubicación significaría “un privilegio que no tiene nadie en el Perú ni en el mundo”, ya que usualmente la extinción de una entidad implica la finalización de la relación laboral.
César Abanto Revilla, socio del Estudio Rodríguez Angobaldo, advierte sobre los problemas operativos que surgirían. Explica que en fusiones, si una entidad con 100 servidores se fusiona con otra que solo requiere 40 para operar, será necesario prescindir de 60 empleados. “Se estaría dejando de lado la meritocracia”, añade.
Ambos expertos destacan que la medida podría afectar la eficiencia del Estado y su capacidad para ajustar su estructura y planillas según necesidades reales, ya que actualmente en el sector público laboran alrededor de 1.6 millones de personas bajo diversos regímenes.
La propuesta legislativa genera un debate sobre cómo equilibrar la estabilidad laboral con la eficiencia y modernización del Estado. La votación final en el pleno del Congreso definirá si esta iniciativa avanza o se modifica.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original
