El Congreso de la República peruana ratificó una ley que incrementa las pensiones de los maestros jubilados y cesantes a S/ 3,300 mensuales, una medida que había sido observada por el Gobierno debido a su alto impacto fiscal.
Con 69 votos a favor y ninguna oposición, la iniciativa fue aprobada por insistencia el jueves, a pesar de que el Ejecutivo de Dina Boluarte había alertado sobre el elevado costo para el Estado. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señaló a Gestión que esta norma podría demandar al Estado un desembolso anual de S/ 5,600 millones.
El proyecto, que busca corregir las desigualdades previsionales históricas en el magisterio, establece que los docentes retirados bajo diferentes marcos normativos perciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, fijada en S/ 3,300. Esta medida aplica a maestros de educación básica, especial, alternativa y técnico-productiva, así como a afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
Actualmente, 162,000 maestros reciben una pensión promedio de S/ 800, representando un gasto estatal mensual de S/ 129.6 millones y anual de S/ 1,555.2 millones. Con el nuevo monto aprobado, el desembolso mensual se elevaría a S/ 534.6 millones y anual a S/ 6,415.2 millones, superando incluso las estimaciones del Consejo Fiscal.
El Congreso argumenta que este aumento no implica un gasto adicional directo al erario, pues la fuente estimada para cubrirlo serían impuestos a instituciones educativas privadas y el impuesto a la quinta categoría, que pagan los docentes en actividad.
El Poder Ejecutivo y los ministerios de Economía y Educación se habían opuesto a la medida desde mayo de 2025, señalando que altera la uniformidad del sistema pensionario y genera un aumento significativo del gasto público. Además, advirtieron que aprobar este gasto sin la autorización del Ejecutivo contraviene el artículo 79 de la Constitución, que reserva la iniciativa para crear o aumentar gasto público exclusivamente al Poder Ejecutivo.
“El Congreso de la República no puede utilizar su facultad de iniciativa legislativa para crear o incrementar el gasto de recursos, toda vez que dicha facultad constitucionalmente le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo”, enfatizó el Ejecutivo.
Esta decisión representa un desafío fiscal importante para el país, con un impacto presupuestario que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se asegura una fuente de financiamiento adecuada.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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