El Congreso de Perú ha presentado un proyecto de ley que busca establecer una nivelación progresiva de los salarios para los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Según el documento oficial, la iniciativa pretende «garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor dentro de una misma entidad pública».
Esta propuesta se suma a la reciente ley N° 32563 promulgada por el presidente José Balcázar, que otorga a los trabajadores CAS el derecho a recibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Además, el Legislativo plantea que los contratos de este personal administrativo se conviertan en indeterminados al superar un año de servicio, liberándolos también de las disposiciones de la ley N° 30057, que regula el Servicio Civil.
Sin embargo, expertos como Daniel Paniura, abogado laboralista de PPU, señalan que el proyecto carece de claridad en su alcance real. Explica que, aunque se buscaría un aumento salarial para los servidores CAS, «nada asegura este resultado, puesto que el nivel de ingresos en el régimen CAS puede ser, en muchos casos, superior y no necesariamente inferior al de otros regímenes laborales del sector público».
Para implementar la nivelación, se debería igualar las estructuras remunerativas entre las instituciones, lo que podría generar que «carecería de todo sentido mantener distintos regímenes laborales en las entidades del Estado si, al final, las remuneraciones terminan siendo las mismas para funciones equivalentes», advierte Paniura.
Complementariamente, Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, indica que la desigualdad salarial debe analizarse en función de los puestos, destacando que en el régimen CAS, los sueldos están acotados entre el sueldo mínimo y S/15,600, rango dentro del cual pueden variar las remuneraciones comparadas con el régimen Servir.
Desde la perspectiva del sistema laboral público, Paniura concluye que «esta norma desdibuja progresivamente un acceso al empleo público meritocrático y contribuye a un sistema desordenado cada vez más difícil de corregir».
La implementación de la nivelación salarial está prevista para un plazo máximo de cinco años.
En el plano económico, la propuesta genera inquietud sobre la capacidad fiscal del país para asumir los costos asociados. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), expresó a Gestión que los proyectos que amplían beneficios a los trabajadores CAS «no solo golpean al Tesoro Público, sino a todos» y recomendó que el Gobierno observe estas iniciativas para evitar consecuencias fiscales adversas.
La discusión continúa abierta, con interrogantes sobre el impacto real en las finanzas públicas y en la estructura laboral estatal.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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