La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que anuló el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR, representa un avance significativo para el marco legal que regula la tercerización laboral en Perú. Este fallo, celebrado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), elimina restricciones que afectaban la operación de empresas y contratistas bajo esta modalidad.
La CCL, que promovió activamente la demanda de acción popular contra el decreto, había señalado desde su publicación en febrero de 2022 que la norma excedía las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo. Además, advertía que generaba incertidumbre jurídica que desalentaba inversiones y ponía en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos como la minería, la industria y los servicios.
Con esta sentencia, la Corte Suprema establece un precedente claro: el Poder Ejecutivo no puede restringir la tercerización laboral con normas reglamentarias que contradigan el marco legal vigente. Esto garantiza que las empresas y sus contratistas continúen operando bajo esta modalidad, siempre que cumplan con los requisitos legales diseñados para evitar su desnaturalización.
Desde la CCL, se enfatiza que la eliminación de estas restricciones fortalece la seguridad jurídica y la predictibilidad normativa, condiciones indispensables para fomentar la inversión, impulsar el crecimiento económico y promover el empleo formal.
Este fallo tiene impacto directo en la estabilidad y confianza del sector empresarial, especialmente en actividades donde la tercerización es fundamental para la eficiencia operativa y la generación de empleo formal.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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