Para inversionistas y analistas, la deficiente ejecución del presupuesto en infraestructura hídrica es un riesgo latente que impacta la estabilidad socioeconómica y la calidad de vida en Perú. En un contexto previo a un cambio de gobierno, la urgencia de cerrar la brecha en agua y saneamiento se vuelve una prioridad estratégica.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el quinquenio 2021-2025, el país destinó S/ 31,894.1 millones para proyectos de agua y saneamiento. Sin embargo, solo se ejecutó el 69.1% de estos recursos, es decir, S/ 22,054.4 millones, dejando sin uso S/ 9,839.7 millones.
En términos de cobertura, el 90.4% de la población accedió en 2025 a agua de red pública, con marcadas diferencias entre áreas urbanas (92.6%) y rurales (80.5%). No obstante, el acceso al alcantarillado es más limitado: solo el 76.6% de los peruanos utilizó red pública para eliminar excretas, cifra que cae a 29.4% en zonas rurales frente a 87.5% en áreas urbanas.
La calidad del servicio también presenta desafíos. La continuidad promedio del suministro de agua por parte de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) fue de 18.5 horas diarias en 2024. Doce EPS operaron con menos de 12 horas diarias, y cuatro prestadores (Emapavigs de Nasca, Emapa Pasco, EPSSMU de Bagua Grande y EPS Aguas del Altiplano en Puno) reportaron menos de cinco horas diarias de servicio.
En los primeros tres meses del 2026, se ejecutó S/ 1,055.7 millones de un presupuesto asignado de S/ 5,771.4 millones para obras de saneamiento, equivalente al 18.3% del total. Esta tendencia indica un ritmo de inversión aún insuficiente para cerrar la brecha estimada en casi S/ 120 millones en infraestructura de calidad.
Este déficit en inversión y servicio tiene implicaciones directas para la salud pública, productividad y desarrollo sostenible. En el marco del Día Mundial del Agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el próximo gobierno deberá priorizar esfuerzos para garantizar acceso universal y gestión sostenible del recurso para 2030.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
