Para inversionistas y analistas, la minería ilegal peruana representa un riesgo para la estabilidad y crecimiento del sector formal. Este fenómeno responde a fallas en fiscalización, debilidad institucional y circuitos económicos ilícitos, desafíos que serán prioritarios para el gobierno entrante.
Recientes propuestas legislativas, como el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, buscan combatir las “concesiones ociosas”, pero podrían inadvertidamente favorecer la informalidad. Expertos sugieren que la solución va más allá de endurecer normas: es necesario fortalecer un modelo que promueva la formalidad, genere empleo decente y elimine los espacios que aprovechan las economías ilegales.
El profesor Arturo Vásquez Cordano, de la PUCP, identifica cuatro ejes para enfrentar el problema: primero, recuperar el control territorial mediante coordinación entre Policía, Fiscalía, Sunat y el Ministerio de Energía y Minas; segundo, implementar trazabilidad y control en la comercialización del oro; tercero, fomentar el desarrollo productivo y ordenamiento territorial en zonas con minería informal; y cuarto, reformar el sistema de formalización minera, simplificando procesos, definiendo plazos claros y brindando asistencia técnica.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como una solución temporal, ha ampliado la informalidad al dejar a miles de operaciones en una “zona gris” sin cumplir requisitos ambientales ni tributarios. Vásquez propone establecer plazos no prorrogables, diferenciar procesos según tipos de minería y articular la formalización con controles en la cadena de valor para impedir que la minería ilegal penetre en circuitos formales.
Desde el enfoque económico, Julio Saldaña, de la Universidad Autónoma del Perú, enfatiza la importancia de controlar la cadena financiera, ya que la minería ilegal depende de circuitos informales que facilitan el ocultamiento de ingresos.
En síntesis, abordar la minería ilegal requiere un enfoque integral que combine control territorial, reformas institucionales, trazabilidad económica y un marco penal efectivo, sin desalentar la inversión formal. Para el sector financiero y empresarial, estos cambios serán decisivos para garantizar un entorno más seguro y predecible.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original
