El Congreso de Perú analiza una medida que impacta directamente en el modelo de negocio de las aplicaciones digitales de taxi. El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que limita la comisión máxima que estas plataformas pueden cobrar a los conductores por cada servicio. Actualmente, las comisiones fluctúan entre 20% y 35%, y a ello se suman descuentos y cargos adicionales que merman aún más las ganancias de los choferes.
El proyecto abarca tanto a empresas nacionales como extranjeras que operan en el país, como Uber, Didi e inDrive. Se establece un tope del 20% de comisión en Lima Metropolitana y Callao, y un límite aún más estricto del 10% en el resto del país. Cualquier acuerdo que exceda estos límites será considerado nulo.
Para modificar estas comisiones, las plataformas deberán notificar con al menos 30 días de anticipación, presentar un respaldo económico y obtener la aceptación explícita del conductor, respetando siempre los límites establecidos. Además, se prohíben cargos extra o penalidades que superen los topes fijados. Los conductores, por su parte, podrán desvincularse sin penalización.
Indecopi se encargará de supervisar el cumplimiento de esta norma. Según Bazán, esta regulación es necesaria para evitar prácticas abusivas en un mercado con asimetría contractual y posible dominio de las plataformas sobre los conductores. Además, enfatiza que la Constitución peruana respalda esta intervención para garantizar competencia justa y proteger a los proveedores de servicios.
Este proyecto se enmarca en una tendencia global donde gobiernos buscan equilibrar la innovación tecnológica con la protección laboral y la competencia justa en plataformas digitales.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
