En el inicio de la legislatura parlamentaria de marzo de 2026, el Congreso del Perú incluyó en la agenda un dictamen que plantea declarar el 2 de mayo como un día no laborable en la provincia constitucional del Callao, con motivo del “Día del combate del Callao y de la defensa de la soberanía del Perú”. Esta fecha conmemora una victoria bélica histórica ocurrida en 1866, y la propuesta busca también promover el turismo y actividades relacionadas en la región.
El proyecto de ley N° 4406, que ya fue aprobado en la Comisión de Trabajo, establece que para el sector público este día será no laborable y compensable en el Callao, mientras que para el sector privado su carácter será voluntario pero también compensable. A nivel nacional, se mantendrá como día cívico laborable.
Sin embargo, especialistas y analistas del sector laboral y económico han expresado reservas sobre esta iniciativa. Ricardo Herrera, abogado laboralista del estudio Muñiz, recordó que Perú ya posee una amplia cantidad de días de descanso legal, con 30 días de vacaciones y 16 feriados al año, y calificó la medida como una iniciativa que puede afectar la productividad del país. En sintonía, el economista Jorge Guillén, profesor de finanzas en Esan, señaló que “se está afectando la productividad por tantos días feriados y no laborables” y alertó que la paralización del Estado tiene un efecto multiplicador negativo sobre el sector privado, afectando trámites, producción y tiempo de trabajo.
El carácter compensable del día no laborable, enfatizó Herrera, no garantiza la recuperación efectiva de las horas dejadas de trabajar. En la práctica, estas jornadas suelen convertirse en feriados adicionales debido a las dificultades para recuperar horas en industrias con turnos estrictos y en el sector público, donde no se amplía el horario de atención tras el día de descanso.
Además, el abogado laboralista advirtió que la aprobación de esta ley podría sentar un precedente para la proliferación de días no laborables en otras regiones del país, en conmemoración de diversas batallas históricas, lo que incrementaría el número de días de descanso y podría impactar aún más la productividad nacional.
Finalmente, Herrera subrayó la necesidad de realizar una evaluación técnica de costo-beneficio antes de aprobar proyectos de este tipo, preguntándose qué datos estadísticos respaldan la expectativa de que esta medida impulse el turismo y el consumo, y cómo se equilibran estos beneficios con la pérdida de horas-hombre trabajadas y la reducción de la productividad.
El debate está abierto en el pleno del Congreso, donde la decisión tendrá repercusiones directas sobre una de las zonas con mayor actividad industrial y vinculada al comercio exterior en Perú.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
