En un contexto de emergencia climática agravada por el fenómeno El Niño Costero, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha suspendido cuatro contratos esenciales para la construcción de defensas ribereñas en siete ríos peruanos: Lacramarca, Casma, Huarmey, Chicama, Virú, Cañete y Huaura.
Estas obras, valoradas en S/ 2,010 millones, fueron inicialmente adjudicadas bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido y estaban destinadas a mitigar los impactos del Fenómeno El Niño (FEN) en zonas vulnerables. Sin embargo, la suspensión responde a la detección de sanciones internacionales no declaradas por la empresa constructora española Obrascon Huarte Laín (OHLA), matriz del contratista, lo que activó cláusulas anticorrupción estipuladas en los contratos.
La resolución de los contratos se fundamenta en presuntas infracciones asociadas a delitos como cohecho y corrupción, según informó la ANIN, aunque no especificó detalles del caso ni la naturaleza exacta de las sanciones. Cabe destacar que, en registros oficiales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), OHLA no presenta sanciones recientes ni inhabilitaciones por parte de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID.
Estas obras ya contaban con avances en diseño y ejecución física, pero la paralización podría implicar un incremento sustancial en costos, que algunos estiman podrían multiplicarse hasta por cuatro. La situación genera preocupación entre inversionistas y analistas por el impacto en la infraestructura crítica para la gestión del riesgo climático y la protección de comunidades ribereñas.
La ANIN ha solicitado recursos adicionales al Gobierno para reactivar estas obras, pero la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos y la selección de nuevos ejecutores mantiene en vilo el avance de estas defensas.
Este escenario se suma a otras controversias recientes en la gestión de infraestructuras públicas, donde la activación de cláusulas anticorrupción ha generado tensiones entre contratistas y entidades estatales. En febrero, una situación similar ocurrió con la empresa francesa Egis, encargada de la supervisión de una carretera nacional.
La paralización de estas defensas ribereñas en plena emergencia climática subraya la complejidad de gestionar grandes proyectos de infraestructura en contextos de riesgo y la necesidad de transparencia y cumplimiento normativo para garantizar su ejecución efectiva.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
