La minería ilegal en Perú representa una economía ilícita que supera en magnitud al tráfico ilícito de drogas, pero el presupuesto estatal asignado para su lucha es significativamente menor. Según Rodolfo García, Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esta actividad mueve aproximadamente diez veces más dinero que el narcotráfico, sin embargo, el Estado destina casi diez veces menos recursos para su erradicación.
En un seminario web junto al Instituto Peruano de Economía (IPE), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Minera Poderosa, García explicó que el presupuesto para interdicciones en minería ilegal ha aumentado entre 2025 y 2026, concentrado en erradicación, pero el monto destinado a la formalización disminuyó de S/ 22 millones a S/ 15 millones en el mismo período.
El alto comisionado también destacó las dificultades para enfrentar esta problemática, debido a las condiciones climáticas y geográficas de las zonas afectadas, como ocurre en Pataz, La Libertad, donde opera Minera Poderosa. En esta región, el Comando Unificado Pataz (Cupaz), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, trabaja para proteger la minería formal.
Marcelo Santillana, gerente general de Minera Poderosa, señaló que se han establecido tres puntos de control con instituciones como la Sunat, Fiscalía y Sucamec para intervenir vehículos y garantizar la trazabilidad de los minerales extraídos, aunque admitió que el sistema aún está en desarrollo.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene previsto implementar en los próximos meses un sistema interoperable para rastrear tanto la salida de minerales como el ingreso de maquinaria y explosivos a las minas, medida clave para mejorar la supervisión y control.
En paralelo, el Gobierno promueve la recuperación de las zonas afectadas por la minería ilegal mediante el impulso de “economías alternativas”, buscando reducir la dependencia de estas actividades ilícitas.
Estos datos evidencian un desbalance entre la magnitud del problema y los recursos asignados para su solución, lo que podría limitar la efectividad de las políticas públicas para combatir la minería ilegal en el país.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original
