El reciente aumento en los precios del gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles como la gasolina premium y regular en Perú ha generado preocupación entre consumidores e inversionistas. Esta subida está vinculada a un desabastecimiento provocado por la fuga de gas natural en Camisea y una deflagración en una estación del gasoducto operado por la Transportadora de Gas del Perú (TGP).
El incidente obligó a restringir el servicio de gas a domicilios y transporte público esencial, afectando la disponibilidad para vehículos particulares. Como resultado, los precios han escalado en un contexto de libre mercado donde cada estación de servicio fija sus tarifas según oferta y demanda.
En Perú, el delito de especulación de precios solo se configura si existe una fijación estatal previa de precios oficiales y una manipulación artificial de estos. Según Aldo Cárdenas, abogado penalista, “la configuración de este delito presenta una alta complejidad probatoria, por no decir imposible, dado que en el Perú rige la libertad de precios y no existen los considerados precios oficiales”.
La especulación penalmente sancionable requiere además la existencia de prácticas colusorias entre agentes económicos con posición de dominio, buscando un beneficio indebido a costa del consumidor.
En ausencia de colusión, las variaciones de precios responden a factores logísticos, costos de almacenamiento o volatilidad en la cadena de suministro, elementos bajo supervisión de Osinergmin, organismo regulador del sector energético.
Respecto al acaparamiento, el artículo 233 del Código Penal prevé sanciones de 4 a 6 años de prisión para quienes sustraigan bienes esenciales para provocar desabastecimiento y alterar precios. Para imputar este delito es necesario demostrar que el almacenamiento excede la capacidad operativa o stock regular fiscalizado y que la conducta es deliberada para generar escasez artificial.
En definitiva, la protección al usuario frente al incremento de precios en combustibles en el contexto actual debe orientarse más hacia la transparencia y supervisión efectiva que a la fijación de precios.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original.
