El Congreso de la República está evaluando la reinstauración de una norma que obligaba a las grandes empresas a contratar trabajadoras sociales. Esta medida, vigente desde 1965, fue eliminada en junio de 2025 por el Decreto Supremo N°005-2025-TR, emitido durante el gobierno de Dina Boluarte, que suprimió la obligación para las empresas con más de 100 empleados de contar con una trabajadora social titulada y colegiada en planilla.
Históricamente, esta figura profesional fue clave para implementar políticas de bienestar laboral, prevenir riesgos psicosociales, atender situaciones familiares complejas y gestionar beneficios sociales para los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) argumentó que el marco actual de seguridad y salud laboral ya contempla mecanismos integrales para el bienestar del empleado, sin requerir una profesión específica.
En respuesta, al menos 12 proyectos de ley de diversas bancadas —incluyendo Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular— buscan derogar el decreto y restablecer la obligación de contratar trabajadoras sociales. Estos proyectos están en análisis en la Comisión de Trabajo, que prepara un dictamen conjunto para su votación próxima.
El debate no está exento de críticas. El abogado laboralista Martín Ruggiero señaló que estas iniciativas podrían restringir la flexibilidad de las empresas para conformar sus equipos de recursos humanos. Además, cuestionó si solo las trabajadoras sociales están capacitadas para atender el bienestar laboral, sugiriendo que profesionales en administración o relaciones industriales podrían desempeñar funciones similares.
Ruggiero también advirtió sobre la insuficiente oferta de trabajadoras sociales colegiadas para cumplir con la demanda que generaría la ley. Algunos proyectos incluso proponen una trabajadora social por cada 100 empleados, lo que podría incrementar considerablemente los costos para empresas con grandes planillas. Para él, esto evidencia un enfoque político más que técnico en las propuestas.
Por su parte, el abogado Germán Lora indicó que muchas empresas ya cuentan con personal dedicado a estos temas, aunque la noticia completa sobre su posición no está disponible.
Este debate legislativo tiene implicaciones directas para los inversionistas y ejecutivos: la reinstauración de esta obligación podría incrementar costos laborales y modificar la estructura interna de recursos humanos en grandes empresas, afectando su gestión y presupuesto.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
