Las asociaciones público-privadas (APP) representan una herramienta clave para financiar y operar infraestructura mediante un reparto de responsabilidades y riesgos entre el Estado y el sector privado. En República Dominicana, este mecanismo concentra el 91% de su inversión en el sector energético, especialmente en generación, la proporción más alta en comparación con países como Colombia y Chile.
La concentración en un solo sector limita la diversificación de proyectos y puede exponer al país a riesgos fiscales si las APP no están bien estructuradas. Cuando funcionan correctamente, permiten desarrollar infraestructura sin comprometer el presupuesto público. Sin embargo, un diseño deficiente puede trasladar costos al contribuyente.
En contraste, Colombia destina el 63% de sus APP al transporte, y Chile exhibe un portafolio más amplio que incluye infraestructura vial y servicios de agua y alcantarillado, resultado de décadas de desarrollo institucional y marcos regulatorios que atraen inversión privada a múltiples sectores.
La diversificación y el éxito de las APP requieren estudios rigurosos de demanda, análisis detallados de costos a largo plazo y una distribución clara de riesgos. Además, la inversión privada responde a un entorno con reglas claras, seguridad jurídica y costos razonables para hacer negocios.
En este sentido, un clima competitivo y predecible no es un detalle menor, sino la condición esencial para expandir las APP a más sectores y proyectos, asegurando así una mayor calidad en la inversión privada y beneficios sostenibles para la República Dominicana.
Información basada en reportes publicados por Diario Libre.
