El adelanto del fenómeno climático El Niño Costero en Perú ha puesto en alerta a inversionistas y autoridades. Más de 700 distritos del país están en estado de emergencia, y la capacidad de respuesta depende en gran medida de proyectos de infraestructura especializados para mitigar daños relacionados con eventos climáticos extremos.
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), creada hace tres años para reemplazar a la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), enfrenta un déficit presupuestal desde mediados de 2025 que afecta la ejecución de 29 obras esenciales para enfrentar el fenómeno de El Niño (FEN). Estas obras, con un valor aproximado de S/ 15,000 millones según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permanecen paralizadas a la espera de un desembolso que reactive su avance.
Estos proyectos están distribuidos en 14 departamentos, coincidiendo con las zonas declaradas en emergencia. Incluyen nueve iniciativas en etapa avanzada de diseño, con más del 80% de estudios completados, para drenajes pluviales en ciudades como Paita, Chiclayo, Trujillo y Tumbes. Los otros 20 proyectos, ya en ejecución al momento de la paralización, contemplan canalizaciones y defensas ribereñas en ríos clave como La Leche, Olmos, Motupe, Tumbes, Lacramarca y Virú.
La paralización prolongada podría extender los plazos de culminación originalmente previstos entre 2027 y 2031, elevando además los costos por deterioro y retrasos. Karla Gaviño, especialista en gestión pública, señala que “estos proyectos sensibles son la prevención que hoy nos falta” y subraya la importancia de evitar demoras dado que los eventos climáticos intensos serán más frecuentes.
Además, salvo la protección de 30 quebradas en el río Mala, la mayoría de las obras han experimentado sobrecostos durante la transición entre ARCC y ANIN. Un posible impacto del fenómeno actual hasta noviembre podría incrementar aún más estos costos.
La ANIN ha informado a Gestión que ya inició los trámites para obtener nuevos recursos, pero mientras tanto, la falta de avance y financiamiento pone en riesgo la infraestructura ya instalada y la seguridad de las comunidades en las zonas afectadas.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original
