Para la comunidad empresarial y legal dominicana, la reputación es un activo invaluable. En este contexto, el empresario Felipe Augusto Vicini Lluberes ha llevado a tribunales de Estados Unidos una demanda por difamación contra el comunicador Luis Alfredo Cabrera, conocido como “Kapulett”, y Juan Rolando Espinal del Rosario, solicitando una compensación mínima de 60 millones de dólares.
La demanda, interpuesta el 25 de febrero de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en Fort Lauderdale, se fundamenta en la difusión de videos en redes sociales que atribuyen a Vicini delitos graves, incluyendo un supuesto soborno de 600,000 dólares a un exprocurador general dominicano y la obstrucción de la investigación del caso Operación Medusa.
Estos videos fueron publicados en plataformas como YouTube e Instagram, alcanzando una amplia audiencia y, según Vicini, causaron un daño considerable a su imagen pública, trayectoria empresarial y credibilidad.
El reclamo legal complementa una denuncia similar en República Dominicana presentada ante la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), bajo la Ley 53-07, que regula la difamación a través de medios electrónicos.
El primer video, difundido el 30 de enero de 2026 en el canal de YouTube “Kapulett”, presenta a Espinal haciendo acusaciones que la demanda califica de “falsas y maliciosas” sobre el pago de un soborno para influir en la investigación judicial.
Además, el 5 y 11 de febrero de 2026, Espinal publicó otros dos videos reiterando estas imputaciones, incluso en un diálogo con Cabrera, que según el expediente se hicieron con conocimiento de su falsedad o negligencia grave.
La acción judicial busca no solo la indemnización por daños y perjuicios, sino también la imposición de daños punitivos y el pago de honorarios legales y costas procesales, medidas contempladas en el sistema judicial estadounidense para sancionar conductas difamatorias graves.
Los videos originales ya no están disponibles en YouTube, pero el proceso judicial sigue en curso y representa un importante precedente sobre la responsabilidad en la difusión de contenidos en redes sociales que afectan figuras públicas dominicanas.
Información basada en reportes publicados por Acento.
Fuente original