El Gobierno publicó un proyecto de decreto que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir a Colpensiones más de $25 billones provenientes de cuentas individuales de afiliados acogidos a la llamada ventana de oportunidad, según el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esta medida busca avanzar en la implementación parcial de la reforma pensional, pese a la incertidumbre jurídica que aún rodea la norma.
El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Antonio Sanguino, estableció que el traslado debe incluir no solo el capital acumulado, sino también la totalidad de los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia. Según el borrador, las AFP tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto para realizar el traslado, o hasta un mes tras la aceptación del mismo si esta ocurre posteriormente.
Este movimiento tiene implicaciones relevantes para los mercados de pensiones y la administración de recursos públicos. Para inversionistas y analistas, la transferencia de estos fondos a Colpensiones implica un cambio en la gestión de activos, ya que Colpensiones es una entidad pública que administra recursos de forma diferente a las AFP privadas, lo que podría afectar la rentabilidad y la gestión de riesgos. Además, como advierte Andrés Velasco, presidente de Asofondos, “trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que gobierno podrá utilizar para otros fines”.
En términos prácticos, la ventana de oportunidad es un mecanismo contemplado en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que permite a los colombianos que están a menos de 10 años de pensionarse —o que ya tienen la edad para hacerlo— trasladarse entre regímenes pensionales siempre que cumplan con semanas cotizadas mínimas: 750 para mujeres y 900 para hombres al 30 de junio de 2025. Este artículo fue exceptuado de la suspensión decretada por la Corte Constitucional, por lo que sigue vigente y genera efectos concretos en el sistema.
Sin embargo, el decreto publicado contraviene directamente la ley, ya que según Asofondos, los recursos deben mantenerse ahorrados y solo trasladarse a un fondo administrado por el Banco de la República cuando los afiliados alcancen la edad de pensión. Esto significa que, bajo la ley vigente, el manejo de estos recursos tendría un enfoque más conservador y separado de la gestión pública directa, buscando preservar el ahorro individual hasta el momento de la jubilación.
El conflicto radica en que el proyecto de decreto pretende que el manejo de estos fondos pase a manos de Colpensiones, una entidad pública, en lugar de estar bajo la administración del Banco de la República, como estipula la ley. Para el inversionista promedio, esto implica un cambio en la seguridad y el manejo financiero de sus ahorros previsionales, que puede traducirse en diferentes niveles de riesgo y rentabilidad.
Este ajuste se da en un contexto donde la reforma pensional sigue siendo objeto de debate jurídico y político, con decisiones pendientes en la Corte Constitucional que podrían modificar o mantener la suspensión parcial de la ley. Mientras tanto, el Gobierno continúa implementando artículos que no han sido suspendidos, buscando modificar el sistema pensional en un entorno de incertidumbre.
En términos económicos más amplios, esta decisión puede afectar la confianza en el sistema de pensiones y la percepción de estabilidad del mercado financiero colombiano. La forma en que se administren estos fondos influirá en la liquidez, en la asignación de activos y en la capacidad del Estado para financiar otros sectores, dado que liberar recursos presupuestales puede tener un efecto sobre el gasto público y la política fiscal.
El próximo paso dependerá del avance en la discusión legal y política sobre la reforma pensional. Analistas y agentes del mercado estarán atentos a resoluciones de la Corte Constitucional y a posibles ajustes normativos que definan con claridad el destino y la administración de estos recursos. Indicadores clave para monitorear incluyen la evolución de los rendimientos de los fondos de pensiones, la respuesta del mercado de valores y la señal que envíen los actores institucionales sobre la estabilidad del sistema.
¿Podrá el Gobierno avanzar en esta transferencia sin contravenir el marco legal vigente o se abrirá un nuevo capítulo de litigiosidad que prolongue la incertidumbre para afiliados y mercados? La respuesta tendrá impacto directo sobre los ahorros previsionales de millones de colombianos y sobre la dinámica fiscal del país.
Información basada en reportes de La República.
