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Ley de Garantías Recíprocas en RD: impulso clave para mipymes y riesgos políticos

El acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana podría experimentar un cambio significativo con la próxima aprobación del proyecto de ley sobre sociedades de garantías recíprocas (SGR) en el Senado. Estas entidades financieras especializadas tienen como objetivo principal respaldar a las mipymes otorgándoles avales que mejoran sus posibilidades de obtener créditos con condiciones más favorables.

Las SGR actúan como garantes frente a las instituciones financieras cuando las mipymes no cuentan con el colateral necesario para acceder a préstamos. Al reducir el riesgo crediticio para los bancos, se espera que las empresas beneficiarias accedan a tasas de interés más bajas y plazos más convenientes. Esto también implica una reducción en el capital regulatorio que deben mantener los intermediarios financieros, lo que puede traducirse en menores costos operativos y una mayor inclusión financiera.

El proyecto vigente define dos tipos de socios para estas sociedades. Por un lado, los socios partícipes, que son las mipymes mismas, podrán tener hasta un 5% de participación en el capital total y se requiere un mínimo de 25 socios para asegurar diversidad y estabilidad ante posibles rotaciones. Este límite busca evitar que algún socio particular tenga control mayoritario, manteniendo un equilibrio en la gobernanza.

Por otro lado, los socios protectores, que pueden ser entidades públicas o privadas, físicas o jurídicas, aportan capital a una reserva destinada a cubrir riesgos de la SGR, fortaleciendo su capacidad financiera y credibilidad ante el mercado.

Este mecanismo es valorado por sectores económicos y el gobierno dominicano como una vía para dinamizar el financiamiento empresarial, especialmente en un contexto donde las mipymes enfrentan barreras significativas para acceder a crédito. Sin embargo, el proyecto también enfrenta desafíos políticos que podrían influir en su aprobación y posterior implementación.

En resumen, la aprobación de esta ley podría representar un avance importante para la economía dominicana, impulsando la inclusión financiera y apoyando el crecimiento de las mipymes, que son motor clave del empleo y la actividad económica.

Información basada en reportes publicados por Diario Libre. Fuente original


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