La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la continuidad del proceso penal contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre por presunta corrupción administrativa. El tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Cáceres bajo el argumento de vencimiento de plazo, confirmando la resolución previa del Primer Tribunal Colegiado.
Este fallo mantiene en curso el juicio por el caso de una red que, según el Ministerio Público, operó entre 2012 y 2020 desviando más de 4,500 millones de pesos desde entidades como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
El Ministerio Público, representado por el procurador José Manuel Aguiló Talavera y el fiscal Jonathan Pérez de la Pepca, destacó que el tribunal integrado por los jueces Isis Muñiz, Nancy Joaquín y Teófilo Andújar desestimó el recurso de extinción de la acción penal por “duración máxima”, lo que permite avanzar en el proceso judicial.
El recurso fue interpuesto en septiembre de 2025 por los abogados de Cáceres Silvestre, exjefe del CUSEP, quien es señalado como líder de una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas implicadas en el desvío de fondos públicos.
El tribunal de primera instancia ya había fundamentado su decisión en precedentes del Tribunal Constitucional, que reconocen demoras procesales justificadas por la complejidad y el contexto operativo de la justicia dominicana, además de prórrogas legales para proteger el derecho a la defensa en investigaciones extensas.
Durante el juicio, que comenzó a presentar acusaciones orales en junio de 2024, se registraron varios aplazamientos, pero esto no ha afectado la validez del proceso.
El Ministerio Público solicitó penas de 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para Cáceres y otros generales involucrados. También pidió cinco años de cárcel y multas para oficiales de menor rango implicados en el caso.
Esta resolución representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, reafirmando el compromiso judicial de no permitir impunidad en casos de malversación de fondos públicos.
Información basada en reportes publicados por AlMomento.net.