La Nueva Carretera Central (NCC), proyecto clave para la conectividad en Perú, está en una encrucijada financiera y política. Mientras el país enfrenta desafíos inmediatos como el fenómeno de El Niño y la crisis en el ducto de gas de TGP, el futuro de esta infraestructura permanece incierto.
Denisse Miralles, exministra de Economía y Finanzas, planteó la necesidad de renegociar contratos bajo el esquema Gobierno a Gobierno (G2G), especialmente con Francia, país encargado de la NCC, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa. Su propuesta buscaba transformar la NCC en una Asociación Público-Privada (APP) para repartir riesgos e inversiones con el sector privado.
Esta iniciativa generó rechazo en la macrorregión centro y entre congresistas que, a fines de febrero, presentaron un proyecto de ley para prohibir que la NCC se ejecute bajo modalidades concesionarias o APP, evitando la transferencia de gestión o explotación a privados. En su lugar, proponen mantener el proyecto como obra pública con financiamiento estatal.
En marzo, un segundo proyecto, impulsado por Acción Popular, propone autorizar al Ejecutivo a emitir deuda pública mediante bonos soberanos para financiar el saldo pendiente de la NCC, con un plazo de hasta 30 años para el servicio de esta deuda desde el inicio de operaciones. Además, plantea la creación de un fondo de inclusión vial y contempla el cobro de peajes para asegurar sostenibilidad financiera.
Este proyecto también considera un aporte inicial del Estado entre 2027 y 2028 no menor a S/ 6,000 millones, depositados en un fideicomiso macrorregional para la ejecución de la obra según los plazos establecidos por Provías Nacional. Mientras se estructura este endeudamiento, se buscarán fuentes de financiamiento sin deuda para iniciar el proyecto.
El debate sobre el modelo de financiamiento y gestión de la NCC refleja las tensiones entre mantener el control estatal y buscar alianzas con el sector privado para acelerar la ejecución. Para inversionistas y analistas, la decisión impactará directamente en la viabilidad financiera, riesgos asociados y expectativas de retorno de inversión en infraestructura estratégica.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original