La reforma tributaria se posiciona como un tema central en las elecciones presidenciales del Perú para 2026. Frente a un escenario económico complejo, los candidatos presentan visiones contrapuestas sobre cómo ajustar el sistema impositivo: un grupo apuesta por gravar a las personas con mayores ingresos y patrimonios, mientras otro promueve la reducción de impuestos para dinamizar la economía.
Al menos cinco de los 36 aspirantes han propuesto implementar un impuesto a las grandes fortunas, una medida que, aunque debatida anteriormente sin éxito, resurge como estrategia para aumentar la recaudación fiscal. Por ejemplo, Juntos por el Perú plantea un sistema tributario progresivo que active este tributo en situaciones de crisis, buscando equilibrar la carga fiscal.
El Partido Morado detalla una tasa del 1% sobre patrimonios superiores a US$ 5 millones, denominándola “impuesto solidario” para financiar una Pensión Universal para Adultos Mayores. Además, propone un recargo para empresas con rentabilidad excepcional, definiendo como tal un ROE superior al 25% de manera sostenida por tres años. La Alianza Electoral Venceremos amplía el rango, sugiriendo gravar fortunas mayores a US$ 100 millones, aplicar impuestos a bienes de lujo y subir la tasa para quienes ganen más de S/ 500,000 anuales.
Perú Libre y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores también defienden la prioridad de impuestos directos a grandes ingresos y patrimonios, con la premisa de que “los que ganan más paguen más”.
En contraste, aproximadamente 16 partidos optan por recortar o exonerar tributos como el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), buscando incentivar la formalización y el emprendimiento. Renovación Popular, con alto respaldo en encuestas, propone disminuir el IGV, mientras Fuerza Popular ofrece exonerar el IR durante tres años para jóvenes emprendedores.
Otros candidatos plantean eliminar impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), además de bajar el IGV hasta un 10%.
Estas propuestas surgen en un contexto donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa optimizar exoneraciones tributarias para mejorar las finanzas públicas, lo que podría limitar ciertos beneficios fiscales.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
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